El pasado 18 de febrero, Ignacio Ochoa Plácido, presidente del centro de derechos humanos “Digna Ochoa y Plácido” fue retenido, golpeado y amenazado por agresores no identificados. Amnistía Internacional (AI) considera que no se han implementado adecuadas medidas de protección y teme que la vida de Ignacio Ochoa pueda estar en riesgo.
Este ataque tuvo lugar en el municipio de Misantla, en el Estado de Veracruz. De acuerdo al testimonio de Ochoa Placido, los agresores solo se retiraron después de que un testigo les gritó que había alertado a la policía. Tras estas agresiones que incluyeron un intento de asfixia Ignacio tuvo que recibir tratamiento médico.
La hermana de Ignacio Ochoa quien fue asesinada en 2011 en la Ciudad de México, era la reconocida activista y defensora Digna Ochoa.
Se presentó una denuncia formal por esta agresión contra Ignacio Ochoa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Según Ignacio Ochoa Plácido, algunas de las medidas de protección que se le prometieron tras un incidente semejante en 2011 nunca se aplicaron.
Amnistía Internacional llama a las autoridades de Veracruz a garantizar protección inmediata a Ignacio Ochoa Plácido y los otros miembros del centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Plácido”, de acuerdo con los deseos de los propios afectados.
Además, la organización llama a la Procuraduría del Estado de Veracruz a investigar de forma rápida, exhaustiva e imparcial los ataques y amenazas contra Ignacio Ochoa Plácido, y asegurarse de que los responsables comparezcan ante la justicia.
Amnistía Internacional considera que este grave incidente forma parte de un documentado patrón de agresiones contra quienes defiende los derechos humanos en México. Ataques y asesinatos, impunidad para los perpetradores e instigadores y cargos falsos son obstáculos a los que frecuentemente se enfrentan quienes defienden derechos humanos y quienes ejercen el periodismo en México.
Información adicional:
En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, es preciso que los Estados que todavía no han firmado los convenios de colaboración para poner en marcha el Mecanismo de Protección lo hagan cuanto antes, y que la Secretaría de Gobernación garantice su plena implementación incluyendo las previsiones para prevenir los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.
