Organismos civiles critican la falta de apoyo oficial; ni censo existe, dicen
El reporte más reciente que cayó en manos de Laurencio Barraza, coordinador de Paso a Pasito, un programa implementado por organizaciones de la sociedad civil para ayudar a niños en extrema vulnerabilidad, es poco esperanzador hasta para él, quien está acostumbrado a la violencia y la miseria que asuelan los barrios marginales de la ciudad. “En síntesis, tenemos a más niños solos cuidando de sus hermanos menores. Es la masificación de la mano de obra lo que provocó ese abandono, pero ahora se agudiza con la violencia”.
Barraza y el resto de quienes trabajan con unos 125 menores desde hace año y medio tendrán el diagnóstico completo sobre lo hecho a finales de mes. La meta es que a esos niños se les haya infundido, mediante técnicas de juego grupal, la idea de que sus opiniones importan tanto como la de los adultos que los rodean, porque hasta hoy, dice Barraza, “son objetos y no sujetos”. El hecho de que entre los niños hay hijos de sicarios, vendedores de droga y otros operadores menores del narco, y que viven en zonas de alta incidencia criminal, complica el resultado.
Con los menores trabajan lunes, miércoles y viernes en las dinámicas de juego, pero el lunes que retornan registran ausencias y se redobla el esfuerzo para volverlos a inducir en el programa, debido a que los fines de semana suelen presenciar o sufrir hechos violentos, explica Laurencio Barraza.
“Lo que hemos visto con estos niños tocados por la muerte es un profundo silencio, mucha confusión e inestabilidad. El efecto de la violencia se extiende a casi todos los infantes de la ciudad, pero esto no es más que la parte visible de la gran falla estructural que atraviesa Juárez, y de nueva cuenta vemos que no existen estrategias del gobierno para darle salida a esta realidad”.
En tres años, de acuerdo con datos de la fiscalía estatal, se registraron 7 mil 364 homicidios en el municipio. La tasa de asesinatos creció 938% respecto a 2007. Detrás de esos números, la gente de Paso a Pasito y otras organizaciones han señalado lo que consideran el daño más profundo para la sociedad: la orfandad en que han quedado miles de infantes.
A inicios de 2010, el gobierno federal convocó a distintos organismos de la ciudad para conformar las mesas de trabajo del programa Todos Somos Juárez. La cifra que llevaron entonces sobre el número de huérfanos que había al segundo año de implementada la estrategia de combate a la delincuencia organizada era de 7 mil. En octubre, el gobierno del estado reveló el resultado de un censo elaborado a partir de las actas de defunción de las víctimas de homicidio. Calculó el número de huérfanos en 9 mil.
Gustavo De la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estima que para enero de este año la cifra de huérfanos oscila entre 11 mil y 12 mil. Para ello cruzó la base de datos del INEGI y el IFE y estableció una media de 1.7 hijos por adultos de entre 25 y 35 años, y de 1.6 en adultos de 18 a 25 años. Ese rango de edad es dominante en la estadística de los asesinados.
“Nadie se responsabiliza”
De todos los menores que han perdido a uno o ambos padres durante estos tres años, no suman más de una decena los que reciben asistencia de alguna institución de gobierno, dice Lourdes Almada, coordinadora de la Mesa de la Infancia en Ciudad Juárez.
“Hasta hoy ninguna dependencia ha querido reconocer plenamente a estos menores como parte del universo de su atención. Nadie se responsabiliza y eso es lamentable y preocupante, porque queda claro que ninguno de los tres niveles de gobierno se ha planteado la urgencia de atender el problema.
“Si se lograra mediante trabajo que estos menores y sus familias trascendieran la tragedia y se les permitiera vivir un proceso de reconciliación, se lograría un factor de cambio positivo para la ciudad. Pero si eso no se trabaja puede suceder justo lo contrario, una profundización en la delincuencia”.
Entre 2009 y 2010, el porcentaje de menores de 20 años que fueron asesinados alcanzó 30%, de acuerdo con datos de la fiscalía difundidos por la prensa local. Eran los niños de principios de la década, cuando una radiografía elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación concluyó que la ciudad requería de una inversión de 3.5 billones de dólares para revertir el atraso sensible en materia educativa y urbana.
“Toda la violencia que se vive hoy es consecuencia de esos rezagos de más de 20 años que tiene el municipio, y realmente no se ha generado ninguna acción para resarcir los daños estructurales de esta situación. Por lo tanto, que exista esta cantidad de niños huérfanos sin atención y con el mismo rezago equivaldrá a un mayor alcance de la criminalidad que hoy tenemos”, dice Cecilia Espinoza, secretaria técnica de la Red Mesa de Mujeres.
Explica que las expectativas que pueden tener en el futuro inmediato son igualmente pobres. “Quedarán a expensas de obtener un empleo o entrar en la escuela. Pero no hay ni empleo ni escuelas suficientes y la delincuencia organizada seguirá y muchos de ellos tendrán sentimientos arraigados de dolor y venganza. Para evitarlo, no hay ninguna autoridad asumiendo la responsabilidad, brindándoles apoyo”.
Si bien organizaciones de la sociedad civil comienzan a informarse para saber cómo apoyar a los huérfanos, es poco lo que pueden hacer, ya que no existe un censo que los ubique. El común es que las familias asuman la tutela de los menores, pero debido al miedo o para evitar el estigma, la mayoría se suele mudar de domicilio.
Se necesita ayuda del gobierno
La Red Mesa de Mujeres quiso ayudar a seis huérfanos, cuyos padres murieron al quedar atrapados entres dos grupos armados que se tirotearon sobre una transitada avenida del suroriente de la ciudad. El mayor de ellos, de 17 años, había quedado a cargo de los menores. Días más tarde llegaron los abuelos y ya no supieron nada sobre ninguno.
“Mientras no exista una acción formal del gobierno, que en principio los ubique para luego ofrecerles asistencia, será imposible que las organizaciones de la sociedad civil o que los mismos afectados puedan reaccionar. A esto hay que añadir que en nuestra sociedad no existe la cultura de la terapia, además de que faltan terapeutas, y es por eso que muchas de las organizaciones están adecuando sus dinámicas de trabajo para orientarlas hacia estos menores, que cada vez nos encontramos con mayor frecuencia”, dice Espinoza.
La cantidad de infantes que sufren la pérdida de sus padres, o de alguno de ellos, es tan grande que casi en cada colonia los vecinos tienen referencia de uno o varios casos. Sin embargo, aproximarse a ellos no es algo simple, dice Juan González Ferrer, director del Centro Familiar Proyecto de Vida, una asociación que en septiembre decidió organizar un taller dirigido a maestros, académicos, sicólogos y activistas para que supieran cómo abordar y tratar a los niños y sus familias.
“Lo que se impartió en ese taller fueron técnicas para saber tratar a estas víctimas de violencia extrema. Porque de pronto alguien sabía que uno de sus alumnos había quedado huérfano o que alguien de su calle o de la colonia donde se trabaja en campo había sufrido la misma suerte y no se sabía cómo ofrecerles ayuda o cómo convencerlos de la necesidad imperante para que recibieran terapia”, explica González.
A ese primer taller asistieron 125 personas, pero la necesidad y la multiplicación de casos ha hecho que Proyecto de Vida prepare otros cinco para este año, el primero de los cuales ya tiene fecha para la última semana de enero.
Mientras, en las mesas de trabajo del programa Todos Somos Juárez, los representantes de los tres niveles de gobierno evaden la responsabilidad, dice Hugo Almada, integrante de la Mesa de Seguridad y coordinador de la maestría en Sicoterapia Humanista y Educción para la Paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“El tamaño del problema psicolemocional que tenemos en Juárez es descomunal. No tendrá solución en años. Miles de personas sufren problemas emocionales severos y no sabemos lo que dejará a la ciudad. Esto tendría que ser el punto número uno de preocupación para los gobernantes. Sin embargo, no tenemos una propuesta a la altura de la circunstancia: el gobierno federal ha sido insensible, el gobierno del estado ofreció un fondo de 100 millones de pesos para ayudar a los huérfanos y sus familias, pero hasta el momento desconocemos de qué manera aterrizará los fondos y el gobierno municipal sencillamente no tiene proyecto alguno para auxiliar a las víctimas”.
El proceso de duelo es algo que preocupa a especialistas, porque con la violencia no solamente sufren los huérfanos y familiares, sino la ciudad entera. El trauma es severo, afirma la tanatóloga y coordinadora de la organización Mujer de Pacto, Gabriela Reyes.
“Brigadas de ayuda”
“En 2007 estuve en Tabasco como parte de las brigadas que brindaron asistencia emocional a los damnificados por las inundaciones. Allí no se perdieron tantas vidas, sino bienes materiales. Los gobiernos estatal y federal armaron brigadas con terapeutas, elaboraron diagnósticos, levantaron censos; hubo sensibilización y una intervención para auxiliar a una comunidad en crisis. El trauma que sufre Juárez es todavía mayor y mucho más profundo porque aquí el daño es irreparable, la vida no se repone y por increíble que parezca ningún gobierno reacciona”.
Reyes tiene su campo de acción en el municipio de Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez. Allí habitaban 8 mil 500 personas hasta 2008. Ahora queda menos de la mitad. La cantidad de huérfanos por la violencia es proporcionalmente mayor a la de Juárez.
“En las escuelas, a muchos adolescentes se les quiere expulsar por mal comportamiento. Pero son víctimas y es lo que he logrado que entiendan los profesores. El problema emocional es severo. Muchos de los estudiantes responden que quieren ser sicarios cuando se les pregunta qué quieren estudiar. Su entorno es terrible. Tengo el caso de un menor de 14 años, al que le mataron al padre, y tanto él como su mamá duermen en casa distinta cada noche por miedo a que los maten también. Para ellos y el resto de la población no hay ayuda del gobierno”.
Laurencio Barraza, el coordinador de Paso a Pasito, vivió hace poco su propia experiencia con la violencia. Iba con uno de sus hijos en su carro cuando de pronto quedó frente al vehículo en el que dos hombres acababan de ser asesinados a tiros. “Lo que hice fue girar el volante y proseguir. En el trayecto le pregunté a mi hijo qué sentía y yo mismo le conté lo que sentí: miedo. Este es un diálogo básico para ayudar al niño a digerir un hecho violento”.
De momento, todos estos infantes sufren trastorno de sueño, viven atemorizados, suelen refugiarse y no salir, pierden roce social, dice la tanatóloga Reyes. A futuro, agrega, esta circunstancia detonará más pobreza y más violencia. “Tenemos una generación de muchachos heridos para herir, con desesperanza y desolación, sin un sentido de vida. Eso es terrible”.
